La Junta de Andalucía se ha decidido a controlar los servicios de las clínicas de cirugía estética para proteger a las menores. Ante el auge de la demanda en jóvenes, sobre todo mujeres (el 85%) exige –en un decreto que aprobará de forma inminente– a los centros privados que hagan públicos y presenten a las clientes, antes de cada operación, los datos de las tasas de éxito y efectos secundarios de la intervención en la clínica escogida.

La Junta también les insta a presentar una memoria anual en la que se recojan las instalaciones y medios con que cuentan: los quirófanos, las salas de despertar y las unidades de reanimación de que disponen. Deberán además acreditar las certificaciones de los títulos de especialista en cirugía plástica, estética y reparadora y de las demás especialidades de los profesionales que trabajen para ellos.

Se calcula que en toda España se dedican a esta actividad unos 6.000 médicos, de los que sólo el 10% están titulados para operar.  

La nueva regulación prevé que los menores de 18 años deberán recibir toda la información sobre la operación, los resultados que se esperan, los riesgos probables, las contraindicaciones y la posibilidad de operaciones futuras. En Andalucía hay registrados 153 establecimientos de cirugía estética. 

Como requisito, el decreto establece que un profesional ajeno a la clínica elabore un informe que permita valorar si la joven comprende todos los riesgos y beneficios de la operación. El cirujano lo tendrá en cuenta a la hora de tomar una decisión.

A partir de los 16 años, cuando el informe psicológico y la valoración del cirujano sean positivos, la decisión le corresponderá a la menor, pero la opinión de los padres deberá ser tenida en cuenta.

Entre los 12 y 16 años, las jóvenes pueden dar su consentimiento, pero se necesita la autorización de los padres o tutores. Antes de los 12 años, el consentimiento lo otorgarán siempre los padres.